En la resolución hecha publica hoy por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo hace referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional, señalando que "la ordenación general de la economía hace posible la intervención del Estado a través de medidas económicas en sectores materialmente atribuidas a la competencia de las comunidades autónomas" según una sentencia de 1988.

Dicha sentencia, según el Gobierno, "legitima la intervención estatal en el sector económico que nos ocupa, cuando declara que 'el sector de la vivienda y la actividad promocional pueden enmarcarse dentro de las facultades de dirección general de la economía que al Estado atañen en virtud de la Constitución'".

El Gobierno considera, por tanto, que resulta patente su legitimidad, a pesar de que las CCAA tengan competencias exclusivas en materia de vivienda.

Además, justifica la función ejecutiva de la Administración central para su otorgamiento por entender que, de este modo, se evita sobrepasar la cuantía global de los fondos estatales destinados a esta medida.

Por todo ello, considera que no opera aquí el principio invocado por las CCAA de la autonomía financiera, recogido en el artículo 156 de la Constitución Española, al tratarse de protección pública financiada con fondos presupuestarios estatales.