Arias-Salgado dijo, tras presentar el nuevo mapa oficial de España, que el Gobierno ha actuado con rapidez en referencia a la polémica suscitada por Telefónica con un plan para fidelizar directivos mediante "stock options" por el cual sus beneficiarios podrían repartirse hasta 45.000 millones de pesetas en los primeros meses del año 2000.

El ministro dejó entrever la limitación del Gobierno para recortar el derecho de una compañía como Telefónica a cumplir sus compromisos con los directivos, al responder con un lacónico "el Gobierno puede hacer lo que puede hacer", pero sí defendió la posibilidad de legisar para introducir transparencia y condiciones fiscales a este tipo de retribución.

"El Gobierno va a tomar medidas", dijo, "para que todo lo que se relacione con las 'stock options' como forma de retribución tenga una total transparencia y estén sujetas a un precio fiscal adecuado".

"Esa es la voluntad del Gobierno", dijo Arias-Salgado, "y lo va a hacer en muy breve plazo de tiempo, probablemente utilizando la Ley de Acompañamiento, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados y qu entrará en vigor el próximo 1 de enero".

El ministro dijo que lo que el Gobierno debe garantizar a los ciudadanos y a los que tienen acciones en compañías que cotizan en Bolsa es la plena disponibilidad de la información a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Arias-Salgado no adelantó cuál será el tratamiento fiscal que el Gobierno aplicará a este tipo de retribución, aspecto que Telefónica desea que se le aclare, con vistas a próximos compromisos de este tipo que deben encer en los próximos ejercicios.

En este sentido, el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo rato, ha adelantado ya que este tipo de retribuciones deben ligarse a otros muchos aspectos de la vida de las empresas, y no sólo a la creación de valor en Bolsa.