En concreto, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, remitió “a primera hora de este lunes”, según fuentes de Presidencia, una carta al hermano mayor de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena, José Antonio Fernández, en la que les agradece la disposición para facilitar “al máximo y a la mayor brevedad posible la realización de los trámites necesarios para la exhumación y traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y de Francisco Bohórquez Vecina”.

Martínez recuerda al hermano mayor que, según la ley ya en vigor, que en el artículo 38.3 establece que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”.

Así como que en el artículo 35.5 se señala que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Por ello, el Ejecutivo anima a la retirada de estos restos mortales de Queipo de Llano, “dirigente de la sublevación de 1936 y responsable de la represión en Andalucía en fechas posteriores” y que reposan bajo el camarín de la Virgen de la Basílica de la Esperanza Macarena. Así como los de Bohórquez Vecina, “auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra”.

Porque, “como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares, y en cumplimiento de lo previsto en la nueva ley, es obligado poner fin a esta situación”, en la que este tipo de personas gozan de lugares privilegiados y de culto.

Por último, Martínez recuerda que la de Memoria Democrática es una “ley de todos y para todos, que fomenta la cohesión y solidaridad de la ciudadanía y las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Una ley que defiende la democracia y los derechos fundamentales como paradigma común y horizonte imborrable de nuestra vida pública, convivencia y conciencia ciudadana”.