En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, aseguró que la reunión de Rodríguez Zapatero con los presidentes socialistas de comunidades autónomas será una de las muchas que tanto él como Pedro Solbes van a tener para sentar las bases de la reforma.

Reconoció que el asunto es complejo, precisamente porque se trata de buscar un sistema que sea válido "para todos", y rechazó que ese objetivo cuestione la biteralidad de Cataluña con el Estado contenida en su Estatuto de Autonomía.

El Gobierno, aseguró, "cumplirá la ley y cumplirá el Estatuto" y pretende hacerlo además cuanto antes para que la nueva norma entre en vigor en 2009.

En su opinión, el actual debate entre comunidades es "razonable" porque cada una intenta preservar sus intereses, pero por encima de ello el Gobierno considera que hay "muchos elementos para el acuerdo".

No se trata de que haya "ganadores ni perdedores", insistió, sino de armonizar intereses preservando la autonomía financiera de las comunidades pero también, subrayó, la solidaridad entre territorios, contenida en la Constitución.

Sin nombrar a ninguna comunidad, aseguró que es posible compatibilizar "el dinamismo de determinadas comunidades" con las demandas de otras que tienen otras inquietudes "que también hay que atender".

La nueva financiación autonómica se empezará a negociar mientras el Tribunal Constitucional estudia la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.

En este sentido, Fernández de la Vega insistió en la necesidad "urgente" de renovar el Consejo General del Poder Judicial y el propio Constitucional, pero dejó caer que contempla la posibilidad de que sea el actual tribunal el que resuelva ese asunto dado que mientras se renueva o no, "sigue funcionando".

En todo caso, reiteró que el Gobierno está convencido de la constitucionalidad del Estatuto y abogó por abandonar las "conjeturas" y dejar trabajar al Tribunal "con el ritmo y la forma que considere adecuada" hasta que resuelva, y en todo caso respetar su decisión.