Gómez de Liaño fue expulsado de la carrera judical el pasado mes de noviembre, tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 1 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido en la instrucción del denominado "caso Sogecable".

El Ejecutivo le ha concedido el indulto parcial, atendiendo a la petición del fiscal en su informe, esto es, podrá volver a ser juez, incluido el Tribunal Supremo, pero no en la Audiencia Nacional donde se produjeron los hechos.

"Tani" fue internada en la cárcel de Alcalá Meco por una sentencia que le condenó por el asesinato de su marido, que le infligió malos tratos durante la mayo parte del tiempo que estuvieron casados, según la versión de la propia "Tani". El Gobierno ha rebajado la pena, que la justicia fijó en 14 años, lo suficiente como para que pueda acogerse al régimen abierto, si el juez de vigilancia penitenciaria así lo autoriza.

En cuanto al "caso Filesa", los tres beneficiarios son Luis Oliveró, Alberto Flores y Carlos Navarro, ya que el cuarto implicado en la trama, el ex secretario de Organización del PSC, Josep María Sala, no solicitó el indulto.

Del resto e indultados, el paquete más numeroso lo forman 460 insumisos que habían pedido la medida de gracia personalmente, condición indispensable para que se concediera, ha explicado el ministro de Justicia, Angel Acebes. Se les reducen las inhabilitaciones desde 10 años que fijaban las sentencias, a 4 años.

No se han concedido indultos a condenados por terrorismo, narcotráfico a gran escala, crímen organizado, malos tratos a mujeres y niños o abuso de menores.

El Gobierno, ha dicho Acebes, tenía sobre a mesa casi 3.000 peticiones de indulto y ha concedido aquellas que presentaban, por lo menos, el informe favorable de una de las dos partes que tienen que pronunciarse previamente: tribunal sentenciador y del fiscal.

Este es el caso de Gómez de Liaño. El fiscal del Tribunal Supremo José María Luzón había solicitado el indulto de la pena de inhabilitación impuesta, lo cual supone el reintegro en la carrera judicial "a condición de no desempeñar cargo en la Audiencia Nacional ni en juzgado alguno de lamisma en el plazo de 25 años".

En cuanto a la motivación para otorgar este indulto masivo, que el ministro Acebes ha negado sea una amnistía (prohibida expresamente por la Constitución), el Gobierno apela a los dos llamamientos al perdón que hizo el papa Juan Pablo II a los gobierno con ocasión del Año Jubilar y al 22 aniversario de la promulgación de la Constitución Española en 1978, que se celebra el próximo.

Además, Acebes ha esgrimido tras dos razones, que "nos encontramos en el fin del mileno" y que el Gobierno necesitaba dar salida al voluminoso conjunto de expedientes de indulto que tenía sobre la mesa.