De este modo, el Gobierno cumple con el Real Decreto Ley de 2005, que establece que "los bienes que en 1936 pertenecían a organizaciones sindicales o personas jurídicas afiliadas", y fueron incautados, "deben ser reintegrados en pleno dominio a dichas organizaciones".

En aplicación de esta disposición legal, la CNT presentó una solicitud de reintegración o compensación de inmuebles o de cuentas bancarias.