Según informó Moncloa, estos 22 asesores fueron elegidos entre 1.601 candidatos en un proceso “transparente y objetivo” basado en méritos que fue codiseñado y coimplementado por la comunidad científica, representada por más de 100 profesionales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), el Instituto España, la Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), y la red SOMMa, que reúne a 68 Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu.

El presidente del Gobierno destacó la importancia de amplificar el papel de la ciencia en los procesos de gestión pública y señaló el papel “esencial” que jugó la comunidad científica en la selección de los asesores. Con esta iniciativa, España busca elevar y consolidar el papel de la ciencia en las labores gubernamentales y situarse en la vanguardia internacional de esta práctica.

Los 22 científicos seleccionados cuentan con un “sólido” bagaje académico en diversas disciplinas académicas (ciencias sociales, economía, derecho, bioquímica, ingeniería, ciencias del comportamiento y matemáticas) y, en muchos casos, una “dilatada” experiencia en labores de asesoramiento, tanto a instituciones nacionales como internacionales.

En concreto, hay 12 mujeres y 10 hombres, con una media de edad de 47 años, con perfiles que combinan trayectorias “consolidadas y emergentes”. En términos profesionales, cinco son catedráticos de universidad, ocho son profesores titulares o científicos titulares de organismos públicos de investigación o equivalentes, otros cinco son contratados laborales en universidades o centros de investigación, dos son asesores científicos en la Comisión Europea y dos lo son en organismos nacionales.

La diversidad geográfica también es notable: ocho científicos proceden de Madrid, siete de Andalucía, tres de la Comunidad Valenciana, dos llegan desde Cataluña, uno de Aragón y otro de Galicia.

El trabajo de estos asesores se centrará en crear nuevos vínculos y espacios de colaboración entre el Gobierno y las universidades y centros de investigación, en que el conocimiento científico “ayude a diseñar mejores políticas y tomar más decisiones basadas en la evidencia empírica”. Los asesores también contribuirán al desarrollo de herramientas, protocolos y códigos éticos para crear una cultura del asesoramiento científico en las instituciones.

La red de asesores estará coordinada por la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) de la Presidencia del Gobierno, y trabajará en estrecha colaboración con la red de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Comisión Europea y otras redes científicas internacionales.