Así lo anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al que elevó un informe sobre la ley de memoria aprobada en Aragón y otras similares que aún no se han aprobado en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, tres regiones actualmente gobernadas por el PP y Vox.

Sobre la aragonesa, anunció en su intervención inicial que el Gobierno de España va a abrir un proceso de diálogo con el de Aragón para tratar de modificar los aspectos de su ley autonómica de memoria democrática que considera contrarios a la estatal y a los derechos humanos y los convenios internacionales, y si en seis meses no se ha llegado a un acuerdo, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Torres explicó que los servicios jurídicos de su Ministerio han estudiado la ley aragonesa y los aspectos que deroga de la anterior de 2008 y han concluido la “evidente vulneración en su contenido de los derechos humanos, del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas y de todos los convenios internacionales”.

Por ejemplo, cree que lo hace al eliminar el mapa de fosas comunes, al no obligar a las administraciones a colaborar económicamente con las asociaciones memorialistas y al dejar de homenajear a los aragoneses muertos en los campos de concentración nazis. Posteriormente añadió que también desaparece la condena del franquismo que recoge el artículo 1 de la ley estatal.

En estas condiciones, anunció que el Ejecutivo aprobará iniciar el mecanismo de dialogo previsto en las normas estatal y autonómicas de relación entre las respectivas administraciones y estudiar con el Gobierno de Aragón “la posibilidad de que ese texto regrese al ámbito constitucional”, y, “si finalmente no lo acepta (tendría que aceptar oficialmente) o después de los seis meses preceptivos no hay acuerdo”, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional.

COMUNIDAD VALENCIANA Y CASTILLA Y LEÓN

El ministro también se hizo eco de que en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, con la entrada de Vox en los gobiernos, también están en marcha modificaciones de sus correspondientes leyes de memoria. Cambios que, a su juicio, “igualan” la dictadura franquista con un régimen democrático como la Segunda República, algo que le parece “inaceptable”. “En caso de que sean aprobadas, habilitaremos idéntico mecanismo”, avanzó.

Torres interpretó que estos cambios en las leyes de memoria son “una imposición al Partido Popular por la ultraderecha”, dado que en la norma aragonesa de 2008 “muchas de las enmiendas el PP fueron aceptadas” y salió adelante con los votos de los populares. Es decir, que fue “una ley aprobada por el PP y que ahora Vox obliga a rectificar”.

Cuando, en las preguntas, se apuntó al ministro que el Gobierno de Aragón ya ha advertido de que no se sentará a dialogar sobre este tema, él, además de recordar que tendrá que negarse en una comunicación oficial, reivindicó que esto “demuestra una manera de actuar frente al Gobierno de España, que tiene la mano para dialogar”, cuando siempre que hay conflictos competenciales las administraciones involucradas tratan de resolverlas dialogando.

Y, entonces, anunció: “Todo aquello que las Cortes de Aragón lleven en su ley que vaya en contra de la Ley de Memoria Democrática, al margen de ir a la negociación o al Tribunal Constitucional, nosotros la incluiremos de oficio en la ley de memoria democrática”. Así, ejemplificó que, si Aragón elimina el mapa de fosas o algunos lugares de memoria, el Ejecutivo los repondrá a través de la norma estatal.

“Lo que haya una normativa autonómica que es restrictiva con respecto a lo que son derechos internacionales y derechos humanos, el Gobierno de España lo incluirá la ley de Memoria Democrática”, sintetizó el ministro, quien defendió que la recuperación de las víctimas enterradas en fosas comunes “es un principio inquebrantable”, de forma que, “si no lo hace una comunidad autónoma, lo hará el Gobierno”.