La ley remitida por el Gobierno al Parlamento establece que "los usuarios discapacitados o con necesidades especiales tengan acceso al servicio telefónico en las condiciones necesarias que faciliten su utilización".

Esta disposición forma parte de las exigencias recogidas en la definición del servicio telefónico universal, es decir, aquellas condiciones que los operadores deberán asegurar a los ciudadanos al margen de la libre competenca.

En principio, dicha obligación del servicio universal, que comprende comunicaciones de voz, fax, datos, guías telefónicas y cabinas, recaerá sobre el operador telefónico dominante, es decir, Telefónica, aunque la prestación de dicho servicio podrá ser solicitada por cualquiera de sus competidoras.

El servicio universal se financiará con un fondo específico, "alimentado" con las aportaciones económicas que deberán realizar las empresas del sector en función de su cuota de mercado, y será gestioado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

REBAJAS ESPECIALES

"Si un operador de telecomunicaciones ofreciere tarifas especiales a usuarios discapacitados", señala el proyecto de ley, "podrá solicitar la deducción del coste neto de esta prestación de su contribución a los mecanismos de financiación del servicio universal".

La obligación de dicho servicio a determinados colectivos específicos y la forma de incentivarlo, serán concretados mediante el posterior desarrollo reglamentrio de la ley, ahora en trámite parlamentario, y con una orden ministerial que regulará el suministro del servicio concreto por los titulares individuales.