En este sentido, Pérez recordó la propuesta del anteproyecto de ley de contratos de distribución, publicada en el boletín del Ministerio de Justicia en 2006, así como la proposición no de ley relativa al impulso por parte del Gobierno de un estudio sobre el sector de la distribución comercial, aprobada en 2007 por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados.

Según informa Justicia mediante un comunicado, también destacó la importancia de la eficacia y la eficiencia de la distribución, un sector que representa aproximadamente el 27% del PIB -unos 256.500 millones de euros- y está integrado por un tejido empresarial de más de 425.000 empresas, de las cuales más del 90% son de pequeña y mediana dimensión y ocupan casi cuatro millones de personas.

Asimismo, el secretario de Estado de Justicia se refirió a la situación actual de la economía y expresó el firme propósito del Gobierno de España de que las medidas adoptadas supongan una ayuda que llegue efectivamente a las pymes.

Por último, Julio Pérez insistió en la importancia de una regulación de calidad, que fomente la libre empresa y que impida que grandes productores "atrapen" a los distribuidores.

No obstante, señaló la dificultad técnica de articular una norma general para un sector que aglutina actividades muy variadas, que van desde la automoción o la alimentación a las tecnologías de la información o la prensa y las publicaciones periódicas.