Según reconoció, se trata de una vieja pretensión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que quedó pendiente en la pasada legislatura por falta de tiempo para su estudio y aprobación. De acuerdo con los cálculos realizados entonces, unas 100.000 personas podrían incorporarse al mercado de trabajo con la nueva normativa. El impulso por parte del Ejecutivo a esta nueva normativa coincide con la presentación por parte de CiU en el Congreso de los Diputados de una proposición de Ley en el mismo sentido, ante los problemas de colectivos como los ex reclusos, los ex drogadictos y alcohólicos y las ex prostitutas, entre otros, de acceder a un puesto de trabajo.

La secretaria general de Asuntos Sociales aseguró que la nueva ley está en la línea de la proposición de CiU, si bien faltan por concretar los aspectos puntuales,además de debatirla abiertamente con los colectivos implicados.

CIU

La proposición de ley de CiU, a la que tuvo acceso Servimedia, se circunscribe a perceptores de rentas mínimas de inserción, jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de reformatorios, drogadictos o alcohólicos en proceso de rehabilitación, presos cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, liberados condicionales, ex reclusos, ex prostitutas, así como a inmigrantes y emigrantes retornados con residencia legal y grves necesidades personales o familiares.

Asimismo, la normativa podrá beneficiar a quienes, a juicio de los servicios sociales y servicios públicos de empleo, estén en esa situación de exclusión social o sufran un grave riesgo de estarlo.

El modelo propuesto por CiU diseña además el concepto de empresa de inserción, cuyo fin primordial es la integración sociolaboral de estas personas, siempre bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Para que sean consideradas como taes, estas empresas deberán tener al menos un 51 por ciento de sus trabajadores en proceso de inserción, y dedicar al menos el 60 por ciento de sus excedentes disponibles en cada ejercicio a la ampliación de sus estructuras de inserción.

RECHAZO SOCIAL

La normativa propuesta regula también el contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral, que podrá suscribirse por un periodo mínimo de seis meses y máximo de tres años, y podrá contar con un periodo de prueba de dos meses.

La propuesta de Ci incluye los intentos de los últimos años para la creación de un modelo de contratación capaz de acabar con el rechazo social y los prejuicios de la sociedad en general, y de los empresarios en particular, a la hora de contratar personas de determinados colectivos.

Se trata de una vieja pretensión del anterior equipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que dirigía Manuel Pimentel, que sólo pudo introducir mejoras en la inserción laboral de estos colectivos en la Ley de Acompañamiento de los resupuestos Generales del Estado de 2000.

Tal y como está ahora la normativa, las empresas que apuesten por contratar personas de los colectivos con riesgo de exclusión social -siempre bajo el visto bueno de la Administración-, lograrán una reducción del 65% en sus cotizaciones a la Seguridad Social por estos trabajadores.