Las empresas multadas son Zaroya Otis (15 millones), Giesa Schindler (8,5), Castellana de Ascesores (8), Ascensores Rycan (7,5), Thyssen Boetticher (3,5), Talleres MFM (5), Orona (2,5) Industrias Rada (0,5) y la Asociación Empresarial Burgalesa de Ascensores, Asemba, (16).

Las empresas multadas fueron denunciadas por Rafael Laserna Escolar, propietario de la empresa "Docto Elevadores", a quien las sociedades ahora sancionadas persiguieron ante la Administración, alegando deficiencias en las "condiciones técnicas" de sus servicios

La verdadera razón de sus quejas residía en que Rafael Laserna realizaba contratos por un año con las comunidades de propietarios, mientras que las demás empresas imponían una duración mínima de cinco años y un preaviso con tres meses de antelación para proceder a la rescisión.

La investigación realizada por la Dirección General de Defensa de la Competencia puso de manifiesto que las empresas multadas realizaron las prácticas multadas desde 1984. La patronal Asemba jugó un papel clave, al establcer un sistema de indemnizaciones en favor de los perjudicados por la actuación de las empresas que no aceptaban los pactos contra la competencia.

Los pactos aprobados, aunque no todos llegaron a ponerse en práctica, incluían el establecimiento de contratos no inferiores a cinco años y la fijación de porcentajes de contratación y participación en el mercado.

Varias comunidades de vecinos que prestaron testimonio durante la investigación de la Dirección General de Defensa de la Competencia pusiero de manifiesto la falta de interés, cuando no la expresa negativa, que las empresas multadas para realizar contratos a los clientes que abandonaban a otras de la supuesta competencia.

Con su estrategia, dichas empresas consiguieron incluso varias sentencias judiciales en las que se condenaba a comunidades de vecinos a pagar diversas cantidades por la rescisión anticpada de sus contratos de conservación de ascensores.