Ejemplos de estas presuntas irregularidades, según fuentes de la comisión, son alguna carretera regional que ha costado 10 veces más de lo que marcaba el proyecto inicial y obras "insignia" del anterior equipo de Gobierno, como el Teatro de Festivales de Santnder, cuyo presupuesto inicial fue de 1.200 millones de pesetas y que finalmente costará 5.000 millones.

En el informe solicitado por el propio Gobierno cántabro al Consejo de Estado, éste argumenta que no existe razón para romper el principio de publicidad y concurrencia que debe presidir la adjudicación de "modificados" cuando éstos superen el 20 por ciento del presupuesto inicial de obra.

Según señaló recientemente el vicepresidente del actual Gobierno cántabro, integrado por PSOE, PP, PartidoRegionalista Cántabro y CDS, José Luis Vallines, todas las modificaciones realizadas sin tener en cuenta la opinión del Consejo de Estado suman 8.000 millones de pesetas, de los casi 100.000 de deuda que arrastrará la Administración regional a final de año.

Este informe figura entre los papeles que estudia la auditora Bores Loring, por delegación de la comisión parlamentaria cántabra que examina las finanzas de la "etapa Hormaechea".

De esta investigación se desprende que el Gobierno de Juan Hormechea, con fecha 12 de febrero de 1988, puso en conocimiento del Consejo de Estado la posibilidad de adjudicar reformas en la carretera Puente Arce-Renedo a la empresa que estaba llevando a cabo el proyecto inicial.

Esta modificación, rechazada por el Consejo de Estado, supuso el desembolso de 199 millones de pesetas extras sobre los 58 en que inicialmente fue presupuestada la obra.

Decisiones como esta fueron motivo de dura polémica durante la etapa de Juan Hormaechea entre el entonces Gobierno ántabro, apoyado por el PP, y los grupos de oposición: PSOE, PRC y CDS. Estos últimos acusaron a Hormaechea de favorecer a un determinado grupo de constructores con una política basada en la modificación generalizada de los proyectos de obra una vez iniciados.