Según el Ejecutivo, el Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior nace con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales de los emigrantes españoles que residen en el exterior, en igualdad de condiciones que los españoles que viven en España.

El texto tiene como finalidad, además, delimitar las líneas básicas de la acción protectora del Estado, así como establecer la fórmula de cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en este ámbito.

El proyecto de ley quiere dar respuesta a las reiteradas demandas de los colectivos de emigrantes y ha sido fruto de un proceso dialogado con los representantes de los emigrantes españoles, a través de las aportaciones de los Consejos de Residentes, de los consejeros generales de la emigración y de las asociaciones de emigrantes y retornados, así como de un informe preceptivo del Consejo General de la Emigración.

El texto del Estatuto, que ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, salvaguarda como derechos y deberes de los ciudadanos españoles que residen en el exterior el derecho al voto, los derechos sociales y prestaciones por razones de necesidad y derechos en materia de empleo.

DERECHO AL VOTO

El Estatuto recoge el compromiso de la Administración General del Estado para asegurar la permanente actualización del censo electoral y para que se pueda ejercer el voto en urna, en aquellos lugares donde las condiciones lo permitan.

En relación con los derechos y las prestaciones sociales, esta iniciativa señala como colectivos de especial protección a aquellos ciudadanos españoles que carezcan de recursos suficientes y sean personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes o mujeres con especiales dificultades de integración social o laboral, así como españoles desplazados durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil española.

Según el Gobierno, se consolidan y amplían así los derechos sociales existentes, en especial para las personas mayores, para lo que se introduce la "prestación por razón de necesidad", como un nuevo concepto que engloba la pensión asistencial por ancianidad y la asistencia sanitaria.

Con vistas al futuro, el Estatuto reconoce también una previsión para que puedan incorporarse medidas específicas dirigidas a las personas mayores dependientes, de acuerdo con la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

OTROS DERECHOS

El proyecto de ley reconoce, en relación con los derechos laborales, que el Sistema Nacional de Empleo permita el acceso a la información necesaria a los españoles demandantes de empleo en el exterior y a los retornados, para la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación.

En cuanto a la educación y la cultura, el Estatuto ofrece a los españoles la posibilidad de tener a su alcance centros, clases o medios de apoyo para la educación en español, para la enseñanza o mantenimiento de las lenguas españolas, así como la simplificación y agilización de procedimientos para la convalidación de estudios y titulaciones.

Estos derechos pretenden, según el Ejecutivo, mantener los vínculos de los españoles en el exterior con España, tanto para aquellos que residen fuera como para aquellos españoles que residan regresar a nuestro país.

RETORNO

El Estatuto también recoge la creación de la Oficina Española del Retorno, encargada de proporcionar la mayores facilidades y el máximo apoyo a los ciudadanos que quieran retornar a su país, en el seno de una política integral que tiene en cuenta las competencias de las comunidades autónomas.

El derecho a la participación en los órganos representativos de la emigración, el derecho de asociación, los derechos en materia de Seguridad Social, así como los servicios sociales para las personas mayores y dependientesson también derechos recogidos en el Estatuto.

Este proyecto implica la aportación presupuestaria de distintos ministerios que realizan actuaciones de protección y apoyo a los españoles residentes fuera de España. Así, el Estatuto cuenta con una memoria económica de 154,63 millones de euros que implican, especialmente, a los departamentos de Asuntos Exteriores y Cooperación, Educación y Ciencia y Trabajo y Asuntos Sociales.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aporta a esta partida presupuestaria el 88%, más de 136 millones de euros, mientras que Educación y Ciencia aporta el 8,3% y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación el 3,7%.

El presupuesto del departamento que dirige Jesús Caldera sufragará distintas prestaciones económicas, como las pensiones asistenciales en el exterior y para retornados; la asistencia sanitaria; las ayudas para personas mayores y las ayudas para la integración sociolaboral, educativa y cultural, entre otras.

Según datos del Censo, a 2004 el número de emigrantes españoles en el exterior es de 1.497.817, de los que 600.000 están en Europa, 14.000 en Africa, 17.000 en Asica, y 800.000 en América. Según el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), a noviembre de 2005 son 1.136.000 lo emigrantes españoles con derecho a voto.