Con la ratificación de esta convención, el Gobierno contempla las acciones iniciadas para promover, tanto a nivel nacional como internacional, medidas tendentes a prohibir las minas antipersonales y a destruir las existente, dando así cumplimiento al mandato contenido en tal sentido en la proposición no de ley aprobada por el Congreso el 27 de febrero de 1997.

El 26 de diciembre pasado ya acordó el Gobierno remitir a las Cortes un proyecto de ley prohibiendo las mias antipersonales y ordenando la destrucción de las existentes en un plazo de tres años.