El real decreto por el que se aprueban estas medidas establece qué actividades deben considerarse peligrosas o con riesgos especiales, "tanto para exigir una mayor actividad preventiva de la empresa como para reforzar el cumplimiento de la ley en estos casos, asociando consecuencias más graves para las infracciones que se cometan al ejecutar estas actividades".

Asimismo, las medidas, que según el Ejecutivo cuentan con el visto bueno de los agentes sociales, "dan un paso más en la consecución de un objetivo prioritario del Gobierno: la lucha contra la siniestralidad laboral y la reducción del número de accidentes, especialmente de aquellos que tienen consecuencias más graves".

Además, la nueva normativa precisa cuándo deben estar presentes los recursos de prevención de accidentes para verificar que las empresas cumplen con los requisitos "de manera efectiva y son adecuados para combatir los riesgos laborales detectados".

Por último, el texto "mejora la calidad de los sistemas de gestión de la prevención, perfeccionando el sistema de auditorías de las actividades preventivas y aumentando su eficacia".