El objetivo de esta iniciativa es, según el Gobierno, dar a los inmigrantes que hayan perdido su empleo y que deseen retornar a sus países de origen la posibilidad de percibir, de forma acumulada y anticipada, la prestación por desempleo que tengan reconocida.

Se pretende así favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí, argumenta el Ejecutivo.

Las personas que quieran volver a sus países de origen recibirán sus prestaciones en dos plazos: el primero, en España, por el 40% de su importe, y el resto en su país, al mes siguiente. Pasados tres años desde el retorno voluntario, el trabajador podrá solicitar de nuevo la autorización para vivir y trabajar en España.

Muchos de los aproximadamente 100.000 inmigrantes que podrían acogerse a esta medida son de Marruecos, Ecuador y Colombia, aunque hay hasta 19 países que podrían ser beneficiarios de la medida, aquellos con los que España mantiene convenios bilaterales de Seguridad Social.

Se trata de una medida de carácter permanente y no coyuntural, de la que han sido informados los interlocutores sociales y el Parlamento, así como las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Inmigración.