El Gobierno extremeño ya ha redactado el anteproyecto, que autoriza la apertura de una farmacia en cada núcleo de población que no sobrepase los 2.000 habitantes y otra por cada 2.000 habitantes más. En las localidades en las que exista un centro de salud se autorizará un establecimiento por cad 1.500 habitantes.

Según este anteproyecto, los farmacéuticos se jubilarán obligatoriamente a los 70 años y su ejercicio profesional será incompatible con cualquier otro puesto público que requiera que el trabajador esté ausente del establecimiento.

La futura ley prohibirá, asimismo, que las nuevas farmacias concedidas por la Junta puedan heredarse, cederse o venderse, aunque una disposición transitoria respetará los derechos adquiridos por los farmacéuticos establecidos con anterioridad a esta ly, que continuarán rigiéndose por el texto precedente.

A la petición para la elaboración de esta ley, que sería pionera en nuestro país, sólo se opuso el Grupo Parlamentario Popular, que es partidario de efectuar una consulta al Consejo de Estado antes de encargar la redacción de la ley, para comprobar que el Gobierno extremeño es competente en esta materia.

El diputado popular José Luis Santos señaló que en su grupo existen "dudas razonables" sobre las competencias de la Junta en esta materia, pr lo que proponen consultar al Consejo de Estado para "evitar así el ridículo de que el Ejecutivo central pueda impugnar" la ley.