En una respuesta por escrito dirigida al diputado de CiU Carles Campuzano, que se interesó por las medidas que el Gobierno ha previsto para erradicar los juegos ilegales, el Ejecutivo señala que "el Gobierno asume en sus términos el acuerdo entre el Gobierno y la ONCE en vigor, incluyendo los compromisos relativos a la erradicación de los juegos ilegales previstos en el mismo".

El acuerdo reitera el compromiso del Gobierno en la lucha contra los juegos ilegales y permite la posibilidad de buscar nuevas iniciativas de reformas legales y de otras medidas para la represión efectiva del juego ilegal.

Además, mediante este acuerdo el Ejecutivo se comprometió a garantizar, por medio de la mejora en los juegos autorizados a la ONCE, la estabilidad de la organización, basada en su consolidación institucional, su vocación social y solidez económica-financiera.

Por su parte, la ONCE reitera su compromiso de continuar desarrollando sus actividades sociales y económicas para lograr la autonomía personal, bienestar e integración social de sus afiliados, manteniendo, además, su política de solidaridad con otros discapacitados a través de la Fundación ONCE.

El acuerdo mantiene los compromisos del Gobierno en materia de exenciones fiscales para sus juegos, así como de consolidación de la ONCE como organización que desarrolla su labor social en todo el Estado, y a mantener a la ONCE como institución singular dentro de la Unión Europea.

VIGENCIA

Este acuerdo general tiene una vigencia de ocho años, desde el 2004 al 2011, ambos incluidos, derogando y sustituyendo íntegramente al acuerdo general de 1999. Establece la posibilidad de revisión, con carácter automático, en 2008, y en cualquier otro momento en caso de producirse cambios significativos en la normativa de juego o de la aparición de novedades tecnológicas que pusieran en riesgo los objetivos del acuerdo general.

En materia de juego, consolida y mejora el marco general de los juegos comercializados por la ONCE, persiguiendo una mayor competitividad de la organización que garantice su estabilidad económica.

En los productos de juego activo (similares a las loterías primitivas), confirma la autorización concedida a la ONCE, mejorando su configuración jurídica y ampliando sus posibilidades comerciales.

Respecto a la Lotería Instantánea, el acuerdo contempla que la comercialización de dicho juego será conjunta entre Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. El acuerdo señala que podía comenzar la venta al 50 por ciento entre ambos organismos a partir del 1 de enero de 2005, en igualdad de derechos y obligaciones para ambas partes.

Ante la decisión de no autorizar a la ONCE, de manera inmediata, la comercialización, junto con Loterías y Apuestas del Estado, del juego Euromillones, el acuerdo establece una serie de mecanismos compensatorios para garantizar la estabilidad financiera de la ONCE, dejando abierta la posibilidad de que la comercialización conjunta de Euromillones pueda realizarse en el futuro.