"El Gobierno no tuvo conocimiento de las irregularidades denunciadas, puesto que los criterios de selección de los deportistas discapacitaos para participar en los Juegos Paralímpicos de Sidney corresponden a las respectivas Federaciones Españolas de Deportes de Dispacacitados, a la Comisión de Seguimiento del Plan de Preparación de Sidney'2000 y al Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español, que es la entidad con personalidad jurídica que organiza la inscripción y participación de los deportistas discapacitados en los Juegos Paralímpicos", indica el Ejecutivo en su respuesta.

El Gobierno recuerda que el 26 de noviembre, el Comité jecutivo del Comité Paralímpico Español decidió por unanimidad crear un comité de investigación para aclarar las presuntas irregularidades y el 14 de diciembre las conclusiones de la investigación fueron trasladadas al Comité Paralímpico, que a su vez trasladó el informe al Consejo Superior de Deportes.

"El Consejo Superior de Deportes, una vez conocido el informe y conclusiones de la investigación, adoptó, inicialmente, una serie de medidas: reestructuración de la Federación Española de Deportes paraDiscapacitados Intelectuales (FEDI); ordenación de la devolución de las medallas obtenidas fraudulentamente; presentación del caso al Comité de Disciplina Deportiva para que sancione, en función de los hechos, a los dirigentes y deportistas implicados en el fraude; estudio de las opciones penales a tramitar contra directivos, técnicos y deportistas, e inspección extraordinaria a la FEDI, así como una auditoría de contraste que verifique la presentada por la FEDI en su día. Y ello con independencia de aquelas otras que puedan adoptarse en el futuro para depurar las responsabilidades a que haya lugar", concluye la respuesta del Gobierno.