El motivo de esta decisión es que los accionistas del astillero no han presentado todavía las garantías exigidas, cifradas en 750 millones de pesetas, para la entrada de crédito circulante en la compañía, y que le permitirá empezar a salir de la grave crisis que araviesa, acrecentada tras los resultados negativos de los últimos ejercicios.

La semana pasada, el director general de Política Tecnológica, Arturo González Romero, mantuvo en Oviedo una entrevista con el consejero de Industria del Principado, Javier Fernández, y con el director general de Industria, Jesús Urrutia, para darles a conocer el informe de la consultora contratada por el ministerio para el control del astillero.

El informe confirma la grave crisis económica y financiera de Naval Gijónsugiere la búsqueda de soluciones conjuntas por parte de las dos administraciones para que el astillero continúe abierto, ya que de él dependen cerca de mil familias de la comarca de Gijón. Las administraciones se citaron para continuar las conversaciones en el mes de septiembre.