Así lo anunció hoy el Ministerio, tras reunirse con dirigentes de la Asociación de Víctimas de Talidomida en España (Avite) para conocer y analizar las principales reivindicaciones del colectivo.

Durante la reunión, el subdirector general de Alta Inspección, Fidel Illana, se comprometió a revisar los resultados del protocolo clínico realizado el pasado año por el Instituto de Salud Carlos III.

Igualmente, el Ministerio trasladará al Comité Técnico de Designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, la petición de Avite de que el Sistema Nacional de Salud constituya una unidad médica de referencia especializada en deformidades originadas por talidomida.

Finalmente, los representantes de Sanidad y Consumo se comprometieron a trasladar al resto de departamentos del Gobierno las principales reivindicaciones económicas de Avite: abono de cantidades compensatorias y pensiones vitalicias, jubilación voluntaria y exenciones tributarias.

A finales de la década de los 50, la talidomina se recetaba en muchos países del mundo como remedio para paliar las náuseas que las embarazadas sufrían durante el embarazo. Aunque en otros países se prohibió en 1961 al descubrise que producía malformaciones en recién nacidos, en España no fue retirada por las autoridades hasta 1963, si bien algunos lotes continuaron distribuyéndose durante tres o cuatro años más.