Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para presentar dicho recurso es necesario tener una evaluación muy concreta y precisa desde el punto de vista jurídico también del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que arroje las suficientes garantías jurídicas.

Esta decisión de Bruselas ha causado un rechazo unánime por la falta de diálogo con el sector y los Estados miembros, porque no se sustenta en información científica actualizada y por las repercusiones directas que tiene en la restricción de la actividad pesquera.

De hecho, España ha pedido que este asunto se incluya en el orden del día del próximo consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que se celebrará en Bruselas el próximo lunes, 26 de septiembre.

En esta reunión del consejo, según indicó Villauriz, se urgirá a Bruselas a actuar con toda presteza para que el nuevo dictamen científico con información más actualizada, que debe emitir el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), en el mes de noviembre, se emita cuanto antes, y se puedan corregir determinadas zonas en las que no se puede realizar la actividad pesquera.

La secretaria general de Pesca mantuvo hoy una reunión con las direcciones generales de Pesca de las comunidades autónomas y representantes del sector, para tratar el contenido e implicaciones que tiene para España esta decisión, que será de aplicación obligatoria.

Villauriz compartió con el sector pesquero la necesidad de realizar un estudio que recoja de forma individualizada el impacto económico que el acto de ejecución de la Comisión Europea tiene sobre cada segmento de flota, y que se analizará, de forma particular, con cada asociación para, posteriormente, adoptar las pertinentes acciones con el fin de paliar los efectos en la flota española.

Además, en la reunión se evidenció el hecho de que esta decisión no ha ido precedida de una recomendación científica, con los datos más recientes disponibles y con una valoración adecuada del impacto socioeconómico asociado, que son cuestiones básicas en el funcionamiento de la Política Pesquera Común.

Villauriz incidió también en la necesidad de aclarar las discrepancias existentes en algunas de las áreas, que no corresponderían con las batimetrías afectadas por el reglamento comunitario y, por tanto, la actividad pesquera podría seguir desarrollándose en ellas.