El anteproyecto fue remitido asimismo al Consejo de Estado para su estudio y dictamen, según relató el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

La Ley de Subvenciones tiene como objetivo lograr la igualdad, la publicidad, la transparencia, la objeividad y la eficacia de las subvenciones.

Para ello, se dota a este ámbito de la actividad administrativa de un régimen jurídico propio para mejorar la gestión y control de las ayudas.

Además, los órganos que conceden subvenciones deberán elaborar planes estratégicos en los que se definan objetivos, plazos, costes, fuentes de financiación y prioridades de las subvenciones concedidas.

La normativa obliga además a las Administraciones que concedan la subvención a hacerla pública y de forma detllada en el órgano oficial correspondiente, con lo que creará una base de datos nacional en la que se incluirán todas las subvenciones concedidas.

Finalmente, la ley tipifica la infracciones desde las leves hasta las muy graves, como la falsificación de datos, que conllevarán la pérdida de las ayudas, multas o la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o celebrar contratos con las Administraciones públicas durante un tiempo determinado.