Salgado hizo este anuncio en una comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso a petición del PP y CiU para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en este caso.

La ministra no precisó nada acerca de la cantidad que podrán tener estas ayudas financieras ni sobre el número de afectados que podrán acogerse a ellas, ya que debe esperarse a que la Audiencia Nacional cuantifique los activos, los bienes y las pólizas de seguros de las empresas y de los propietarios de las mismas para saber el alcance real de la presunta estafa.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno concederá adelantos a aquellos afectados que queden en situación precaria que deberán reembolsarse cuando se sepa cuánto dinero recuperan. Adelantó también que los inversores con cargas familiares y las personas discapacitadas tendrán preferencia para solicitar estos préstamos.

En relación a las modificaciones legales para que casos como éste no se repitan, Salgado anunció que se obligará a estas sociedades a ofrecer a sus clientes garantías que hasta ahora eran optativas, como los seguros de caución.

Asimismo, anunció que, para mejorar la transparencia y los sistemas de información sobre este tipo de sociedades de inversión en bienes tangibles, de las que funcionan una decena, el Gobierno creará un registro donde deberán inscribirse estas empresas.

Por otro lado, agradeció el respaldo mayoritario de los grupos del Congreso a la moción de CIU que, tras ser transaccionada por el PSOE, ha sido aprobada esta mañana con el respaldo mayoritario de la cámara.

Finalmente, la ministra destacó la necesidad de ofrecer un mensaje unitario en este asunto y pidió al PP que se sume en la búsqueda de soluciones y que abandone peticiones "demagógicas" como la del fondo de garantías.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Vicente Martínez Pujalte, acusó al Gobierno de haber actuado solo en los medios de comunicación y anunció que su formación seguirá articulando iniciativas parlamentarias que garanticen la máxima transparencia para los afectados.

En esta línea, solicitó a la ministra información sobre la actuación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en relación con las sociedades intervenidas. Martínez Pujalte acusó finalmente a la ministra de no dar respuestas satisfactorias ni a su grupo ni a los afectados.

Isabel Pozuelo, portavoz socialista en la comisión, lamentó que el asunto del ICAC sea "un nuevo culebrón organizado por el PP al dictado de un medio de comunicación".

Por su parte, el portavoz de Economía y Hacienda de CIU, Josep Sánchez Llibre, advirtió al Gobierno de que su formación no descarta volver a pedir el contenido inicial de su moción si el Gobierno no pone en marcha un proyecto de ley que refuerce los mecanismos de control de estas sociedades que ofrecen de forma encubierta productos financieros.