Durante el encuentro, Díaz mostró su compromiso para salvar hasta el “último puesto de trabajo”, pero fue “muy exigente” con que esta apuesta garantice el futuro industrial de la región, según informaron desde el Ministerio de Trabajo. En este sentido, pusieron en valor que, ante este momento de transición a la movilidad sostenible y verde del sector de la automoción, el Gobierno de España está apostando “de forma decidida por la movilidad electrificada, a través de los fondos Next Generation y otros mecanismos para reforzar el sector de la automoción de nuestro país, al tiempo que está atendiendo su realidad laboral, por sus repercusiones sociales y económicas”.

Además, Trabajo recordó que previó, en la Reforma Laboral, instrumentos para que este tipo de transiciones no supusiesen un ajuste traumático de las plantillas y propiciasen su formación y reciclaje para ganar en productividad y competitividad que ahora, especialmente sufriendo los efectos de la DANA, se demuestran vitales para proteger el tejido productivo industrial en la Comunidad Valenciana.

En concreto, el PERTE para el impulso del Vehículo Eléctrico y Conectado, gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, supone una inversión pública de más de 3.700 millones de euros que está permitiendo anclar en España las plantas de producción de vehículos y, a su vez, atraer nuevas inversiones, como la anunciada por Stellantis y CATL para el desarrollo de una nueva gigafactorría de baterías en Aragón.

Asimismo, desde Trabajo señalaron también que la próxima Ley de Industria y Autonomía Estratégica, cuyo Proyecto fue aprobado el día 10 de diciembre en Consejo de Ministros, también va a ser “clave” en términos industriales, pero también laborales y sociales, para articular y reforzar la industria del automóvil, “estratégica” para España.