La ratificación de tratado ha suscitado dudas sobre si requiere previamente una modificación de la Constitución en cuanto a la regulación de la inmunidad real, ya que suscribirlo supone reconocer la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional también sobre los jefes de Estado.

Según el tratado, en ningún caso los jefes de Estado serán inmunes a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, lo que ha dado pie a algunos constitucionalistas para reclamar una reforma de la Carta Magna, que anule la inviolabilidad delmonarca.

El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, no quiso pronunciarse ayer sobre la necesidad o no de reformar la Carta Magna hasta que el Consejo de Ministros estudie el informe que va a presentar el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.