No lo serán aquellos realizados por decisión de la mujer, tras ser asesorada sobre riesgos médicos, ayudas sociales y fórmulas de adopción y después de un periodo de reflexión que el documento fija entre tres y siete días.

En cuanto a la regulación de la objeción de conciencia de los médicos, no parece probable que se cree, como pidió Izquierda Unida, un registro en el que conste qué médicos apelan a esa razón para n realizar abortos y cuáles sí están dispuestos a hacerlos.

El documento ha sido elaborado por una comisión en la que participan expertos y representantes de los ministerios de Sanidad, Justicia y Asuntos Sociales, y servirá de base a la futura ley del aborto, que podría ser remitida al Parlamento en junio.

En el documento, la Administración señala que necesita el apoyo de Izquierda Unida para sacar adelante este proyecto. Sin embargo, dicha formación política no está de acuerdo con sus líneas maetras, ya que es partidaria de la gratuidad también en el caso de que el aborto se realice por decisión de la mujer.

Izquierda Unida también reclama una regulación más estricta de la objeción de conciencia de los médicos, para evitar que algunos invoquen ese argumento en la sanidad pública y realicen interrupciones del embarazo en la privada.

A este respecto, Presentación Durán, de Izquierda Unida, declaró a la Cadena Ser que, si el texto legal se atiene a las lineas fijadas en este documento, "seía la segunda vez que (el Gobierno) pierde la oportunidad de aprobar una ley de aborto que satisfaga las necesidades que las mujeres tenemos en estos momentos".

IU es el único apoyo claro con que el PSOE cuenta en el Congreso para sacar adelante esta ley. En el Senado, en que ambas formaciones políticas no alcanzan juntas la mayoría absoluta, el Gobierno necesita, además, que Convergencia i Unió dé libertad de voto a sus diputados.