El retraso en la trasposición de la directiva (la UE la promulgó en 1990) motivó la presentación de una queja contra España ante la Comisión Europea.

El proyecto de ley reconoce a todas las personas nacionales de cualquiera de los estados que integran el Espacio Unico Europeo el derecho a acceder a la información ambiental que está en poder de las administrciones públicas, sin obligación de acreditar un interés determinado, tal como aparece en la citada directiva.

La norma afecta a todas las informaciones y datos referidos al estado de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y los espacios naturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como a las actividades que hayan afectado o puedan afectar al medio ambiente.

Las solicitudes de información se resolverán en un plazo máximo de dos meses y cada Administración establecerá un precio ara cubrir el coste de los servicios suministrados. Asimismo, las administraciones públicas publicarán periódicamente información de carácter general sobre el estado del medio ambiente.

Sin embargo, el proyecto de ley contempla varias excepciones al acceso libre a la información ambiental. Por ejemplo, en aquellos casos en los que la petición afecte a la investigación de delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros y cuando los documentos solicitadosafecten a la defensa nacional, a la seguridad del Estado o a las relaciones internacionales.

También se limita el acceso a la información que esté sujeta a algún procedimento judicial o admnistrativo sancionador, amparada en el secreto de la propiedad intelectual, afecte a la confidencialidad de datos y expedientes personales, pueda perjudicar a los elementos del medio ambiente a que se refieran los datos solicitados o se refiera a comunicaciones o deliberaciones internas de la Administración.

Elproyecto de ley, que será remitido al Parlamento, no ha satisfecho las expectativas de sindicatos y organizaciones ecologistas, que han criticado el retraso que arrastra la trasposición de la directiva y las numerosas limitaciones que establece al libre acceso a la información.