Así lo recoge el plan fiscal estructural de medio plazo remitido a Bruselas este martes.

El informe detalla que "se aprobarán medidas tributarias para hacer el sistema tributario más efectivo". Así, con el objetivo de incrementar los ingresos, apoyar la transición energética y promover la equidad "se adoptarán medidas tributarias" y se espera que entre 2025 y 2031 el conjunto de estas medidas aumente la ratio de ingresos sobre PIB en 0,3 puntos.

El Gobierno también señala en el documento que en el horizonte de validez del plan están previstas medidas adicionales de refuerzo de la progresividad del sistema, aumento de la tributación corporativa de los grandes grupos económicos y “profundización” en la tributación medioambiental y la disuasoria de consumos indeseados.

Con ello, sostiene que la política fiscal en los próximos años será “continuista”, con el objetivo de hacer frente a los retos de una economía globalizada marcada por la digitalización, la transición verde y la lucha contra el fraude fiscal. Asimismo, España reforzará los mecanismos para disponer de un sistema fiscal “más sólido y justo”.

El Ejecutivo también apunta que el plan fiscal enviado a la Comisión Europea recoge que la mejora en la calidad de las finanzas públicas en las comunidades autónomas se ha visto impulsada por la implementación de "revisiones del gasto que han permitido identificar áreas de ineficiencia y optimizar la asignación de recursos”.

REFORMA DE PENSIONES

En el ámbito laboral, recoge que las medidas adoptadas por el lado de los ingresos en el marco de la reforma de pensiones incrementarán gradualmente los recursos del sistema por cotizaciones sociales. Así, en 2031, al finalizar el período de ajuste de siete años, la recaudación aumentará 0,7 puntos de PIB por el efecto de dichas medidas. A largo plazo, estima que el impacto de estas medidas será superior a un punto de PIB.

Estas medidas incluyen la nueva regla de crecimiento de la base máxima de cotización, que fija que la misma se actualizará con el crecimiento anual del IPC y que entre 2024 y 2050 a esta revalorización basada en precios se le añadirán 1,2 puntos porcentuales.

A este respecto, destaca que en el ámbito de las cotizaciones sociales se han tomado en los últimos años “medidas ambiciosas” que contribuirán a “cumplir con el compromiso de responsabilidad fiscal durante los años de vigencia del plan fiscal”.

El Gobierno sostiene que el consumo privado, mantendrá el crecimiento "apoyado en el aumento de la población activa y el empleo y por las mejoras de la productividad".

AUMENTO DE LOS SALARIOS

Por su parte, la variación de los precios de producción, recogidos en el deflactor del PIB, seguirán afectados al alza por un crecimiento salarial en el entorno del 3%. En ese sentido, subraya que a pesar de la desinflación de precios de consumo, afectados a la baja por las presiones deflacionarias externas, las dinámicas de precios de producción nacionales seguirán afectadas al alza por la evolución de los salarios, que continuarán creciendo a tasas en el entorno del 3%.

En concreto, se prevé un crecimiento de los costes laborales unitarios del 3,1% y el 2,7% en 2025 y 2026, consistente con un crecimiento del deflactor del PIB del 2,7% y 2,4%. El crecimiento del coste laboral unitario incorpora las previsiones de crecimiento salarial que se derivan de las observaciones ya disponibles de la negociación colectiva.

Sobre vivienda, hasta 2031, el plan fiscal prevé que la inversión en construcción repunte "contribuyendo a cerrar la actual brecha existente en el stock de viviendas". A la vez, se prevé un crecimiento dinámico de la inversión en bienes de equipo por la "recuperación de la confianza empresarial y el continuado impulso y sostén del Plan de Recuperación".

El informe añade que las reformas e inversiones contenidas en el plan fiscal generarán un impacto incremental en el nivel de PIB potencial en 2031 de 3,3 puntos, reduciendo el déficit estructural en 2,4 puntos. De los 3,3 puntos de impacto, 1,7 puntos provienen de medidas del Plan de Recuperación y 1,6 puntos de medidas adicionales, concentrándose el impacto en los años posteriores a la finalización del Plan de Recuperación -2,1 puntos entre 2026 y 2031-.