Mayor Oreja confirmó hoy la decisión española de posponer la entrada en vigor del tratado hasta que resolver ese conflicto. En este sentido, las auoridades españolas han solicitado a las autoridades mejicanas de manera informal, y lo hará en breve formalmente, la interpretación que el Gobierno de aquel país hace de la retroactividad o no del convenio de extradición que debería entrar en vigor dentro de unos días.

Según el texto actual, suscrito el año pasado entre ambos gobiernos, la extradición sólo afectaría a los etarras que cometieran delitos de terrorismo a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo, quedando exentos todos aquellos ue, habiendo sido reclamados por las autoridades españolas, residan en Méjico o se establezcan en dicho país antes de aplicar el tratado.

En este sentido, el ministro anunció que, una vez conocida la posición final del Gobierno mejicano en este tema, se tomará una decisión respecto a la ratificación o no del acuerdo alcanzado por parte española.

Al margen de esta cuestión, Mayor Oreja insistió en que la valoración política que hace el Gobierno español respecto de la actitud de Méjico en este temaes "positiva", y agregó que "abren un camino de cooperación que va a ser, sin duda, esperanzador".