El Gobierno justifica esta situación por la aceptación que el Gobierno de Alberto Fujimori, presidente de Perú, hizo de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el sentido de que accediese a convocar una Asamblea Constituyente con la participación de todos los partidos políticos.

Hasta ese momento, el obierno español multiplicó los contactos con el primer vicepresidente de Perú, Máximo San Román y suspendió los contactos bilaterales y la cooperación gubernamental con el gobierno de esta república, tras el "autogolpe" que su presidente, Alberto Fujimori, llevó a cabo el 6 de abril.

El Gobierno español decidió además, pocos días después del golpe, suspender las negociaciones, pendientes con Perú, de un Tratado de Amistad y Cooperación, así como su participación en el Grupo Consultivo de Apoyo para lasolución de los problemas financieros peruanos.

No obstante, mantuvo la ayuda humanitaria canalizada a través de las Organizaciones No Gubernamentales.

Además de intensificar las relaciones con San Román, el gobierno español contactó también con los partidos políticos y las organizaciones sociales civiles y religiosas proclives al restablecimiento de la democracia y a la defensa del orden constitucional peruano.