Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta por escrito enviada a la diputada de Eusko Alkartasuna (EA), Begoña Lasagabaster, a la que tuvo acceso Servimedia.

"Es política de este Gobierno la de no instar del fiscal general del Estado actuaciones específicas sobre casos concretos y, siguiendo esa línea, ha procedido de forma consecuente tanto en el caso del sr. Rodríguez Galindo cuanto en el del sr. Roldán, evitando así cualquier posible injerencia del Ejecutivo en la actuación de la Fiscalía", explica.

Recuerda el Gobierno que únicamente tiene la potestad de "interesar determinadas actuaciones de la Fiscalía atendiendo a la materia de los delitos de que se trate desde una perspectiva general, con el fin de llevar a cabo una política criminal concreta".

"Pero", añade, "las instrucciones específicas relativas a casos concretos se compatibilizan difícilmente con el respeto a la autonomía funcional que, a juicio de este Gobierno, merece la actuación del Ministerio Fiscal".

El Gobierno entiende, según concluye este escrito, que corresponde a los tribunales valorar, en el momento de la toma de la decisión, la alarma social que una resolución judicial pudiera llegar a producir.