La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Estatuto busca una Administración Pública "moderna, cercana, profesional, eficaz, competente y ágil al servicio de los ciudadanos".

El Estatuto del Empleado Público persigue dotar de un marco general de regulación de las relaciones laborales a los trabajadores de la Administración, al igual que los del sector privado disponen del Estatuto de los Trabajadores.

El Estatuto incorpora, como principales novedades, que los funcionarios cobrarán parte de su sueldo en función de su rendimiento, es decir, el salario irá ligado a la productividad, y que podrán perder su puesto de trabajo si no cumplen los objetivos, aunque no perderán la condición de funcionarios.

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