Según informó el Ejecutivo, esta medida responde a uno de los puntos del Pacto de la Justicia, alcanzado con PP y PSOE, y ha sido acordada con asociaciones mayoritarias de jueces y magistrados y con las de fiscales, contemplándose también la mejora retributiva en el cuerpo de secretarios judiciales.

Uno de los ejes fundamentales de la reforma reside en las retribuciones variables como principio incentivador del estímulo, que permitirá el incremento de los citados porcentajes (entre el 14% y el 0%) de las retribuciones actuales por el cumplimiento de objetivos o resultados concretos.

El Gobierno estima que este nuevo régimen es una "palanca imprescindible" para introducir reformas estructurales y organizativas, de distribución de efectivos, de definición de funciones, de jerarquización y de diseño de la oficina judicial, todas ellas necesarias para modernizar la justicia.

Según el Ministerio de Justicia, se favorece el estímulo para una mayor dedicación y eficacia en la función jurisdicional con el fin de beneficiar directamente al ciudadano que demanda una respuesta de la Administración de Justicia y se vertebra y configura una verdadera carrera, en la que la progresión retributiva y profesional esté asociada al mérito, a la formación, a la cualificación, a la especialidad profesional y al rendimiento personal, más que a la mera antigüedad en el escalafón.

Este nuevo modelo retributivo será más flexible (inspirado en nuevos criterios como el mérito y la capacidad), más transparente(basado en la medición de objetivos y resultados) y más incentivador (retribuye al que más trabaja).

La reforma estructura las retribuciones complementarias en complemento de destino, complemento específico, retribuciones variables por objetivos y otras retribuciones especiales. En esta nueva distribución, las retribuciones básicas representan el 37,25% del total, y los complementos, incluidas las retribuciones variables, el 62,25%.

El anteproyecto de ley acomete también la implantación de lo quese denomina Plan de Transparencia Judicial, que permitirá tener exacto conocimiento de cuál es la concreta realidad de las cargas de trabajo, los tiempos de resolución de los procesos y las razones de demora.

De esta forma se conocerá la litigiosidad de toda España, su territorialización y su distribución por órdenes jurisdiccionales y órganos y se garantizará el acierto en la planificación de necesidades, la toma de decisiones y el diseño de una planta judicial racional.

El Plan de Transparenciase constituye como instrumento imprescindible para la aplicación de las retribuciones variables, el seguimiento en la consecución de objetivos y el diseño de programas concretos de actuación, al contar con una información exacta y datos rigurosos que aseguran un conocimiento puntual y periódico de las cargas de trabajo y situación de cada órgano judicial a tiempo real.