El concurso incluye dos resoluciones elaboradas por el Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco, que afectan a los tramos de acceso a Irún (subtramo 2) y Ordizia-Itsasondo, que integran la Línea de Alta Velocidad Madrid-Vitoria-Dax (Francia).

Al tratarse de una línea de transporte de ámbito supraautonómico, según el Gobierno, la "competencia exclusiva" corresponde al Estado y el ejecutivo vasco "se arroga indebidamente facultades para el desarrollo y la construcción de los tramos ferroviarios mencionados".

Por esta razón, el Gobierno insta al Ejecutivo autonómico a que deje sin efecto las resoluciones referidas. En caso de no ser atendido el requerimiento, el Consejo de Ministros ha decidido que planteará conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional.