Así consta en una enmienda al Proyecto de Ley de Acompañamiento, que se justifica con la idea de dar mayor seguridad jurídica a la prestación de desempleo pero que intenta evitar los fraude en esta prestación e impulsar a los parados a someterse a programas de inserción laboral.

A partir del próximo 1 de enero, cada seis meses será obligatorio renovar la documentación para el cobro de la prestación y, además, el Inem podrá obligar al parado a someterse a acciones de inserción.

Se trata así, de paso, de mejorar el resultado del modelo conocido como Renta Activa de Inserción, por la que los parados de larga duración y más desfavorecidos pueden acceder a una prestación de unas 54.000 esetas mensuales mientras reciben cursillos y prácticas laborales. Este modelo lleva dos años en funcionamiento y apenas ha logrado incorporar unos 20.000 parados, de los 70.000 que cumplen las condiciones para acceder a ella.