Esta medida, confirmada por el Ejecutivo tras su reunión ministerial del pasado viernes, pone en riesgo, según los gasolineros, la viabilidad de sus pequeñas empresas -unas 4.000 en toda España- y de los puestos de trabajo que mantienen, en torno a los 12.000, es decir, en torno al 60% del sector.

Pero además, la autorización del Gobierno no se limitaría a ls cooperativas de camioneros, según fuentes gubernamentales, y también se haría extensiva a las asocaciones agrarias, las cooperativas de consumidores y las del mar, siempre que el carburante que distribuyan tenga un consumo vinculado a sus actividades profesionales.

Desde la patronal de gasolineros se han expresado en los últimos días duras críticas contra el Gobierno por este motivo, acusándole de engañar al sector y a la opinión pública al prometer que retiraría su proyecto si el Consejo de Estado nformaba desfavorablemente sobre él, como finalmente ha ocurrido.

La chispa que prenda el conflicto puede producirse el próximo miércoles, día 24, en Madrid, durante la asamblea de unos 400 empresarios del sector que representan al resto de propietarios de estaciones de servicio. En el encuentro se analizarán las medidas a adoptar ante la actitud del Gobierno y algunas organizaciones provinciales ya han anunciado que someterán a debate la propuesta de una huelga indefinida en el sector.

"Tras och meses de espera e incertidumbre sobre el futuro que aguarda a estos negocios", según la patronal de gasolineras, "la realidad es que el Gobierno, además de faltar a su palabra, desea aprobar estas medidas a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, es decir, de manera subrepticia".

La CEES recuerda que además del rechazo del Consejo de Estado, la iniciativa del Gobierno fue ampliamente contestada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, así como por las cámaas de comercio y las organizaciones sindicales.