En declaraciones a los periodistas, el ministro de Justicia recordó que la pasada legislatura se modificó la Ley Orgánica General Penitenciaria para asegurar que el beneficio penitenciario de la reduccion de penas por estudios o por formación debe quedar condicionado a garantías de reinserción positiva, y para el caso de los condenados por delitos terroristas, está sometido, como se puso de manifiesto en esa modificación legislativa, a la Universidad General de Educación a Distancia (UNED), que es la que asegura el acceso al estudio no presencial.

Por todo ello, aclaró, el Gobierno "va a examinar esta cuestión con detalle, la va a estudiar y en el caso de que exista base para estimar que se ha conculcado o se ha intentado conculcar la legalidad, ejercerá las acciones pertinentes".

Recalcó que el estudio del Ejecutivo se hará con "todo detalle" y concluyó que se actuará con todo el peso de la ley "si existe algún quebrantamiento de la legalidad en esta matriculación que hemos conocido de casi 60 presos o detenidos por pertenencia a banda armada en la Universidad del País Vasco".