El Ejecutivo cántabro calificó de "ocurrencia" la petición de Huerta y señaló que se trata de "una nueva iniciativa en la aspiración de un ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Santander en su intento de convertir un tema judicial en un proceso político".

"En el proceso que se sigue contra el presidente regional se dilucidan únicamente presuntas irregularidades administrativas, ya que el propio ministerio fiscalpidió en la calificación la cancelación de las fianzas y que se alcen las medidas cautelares acordadas", recuerda el comunicado.

Según el Consejo de Gobierno, "esto demuestra la intrascendencia de unos hechos que el señor Benito Huerta y los partidos políticos a los que representa quieren presentar como currupción".

"El letrado y los partidos que representa pretenden recuperar relevancia para un asunto que analizado jurídicamente no tiene interés alguno", señala el comunicado, "salvo el buscado pr la oposición política a Hormaechea que por múltiples vías, tanto políticas como judiciales, persigue la dimisión del presidente de la Diputación regional por no poder vencerle por los votos populares".