Entre estas medidas figura la pérdida de la condición de militar de carrera y la apertura de expedientes gubernativos o disciplinarios, según se desprende de una respuesta del Gobierno enviada al diputado de Izquierda Unida (IU) Antonio Romero, quien se interesó por las consecuencias que ocasionan a los agentes de la Benemérita las condenas por trturas y malos tratos.

El artículo 65 de la Ley del Régimen del Personal Militar Profesional establece la pérdida de la condición de militar de carrera para aquellos casos en los que los agentes fueran condenados a las penas de inhabilitación absoluta o especial.

Asimismo, el artículo 9 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil recoge la posibilidad de abrir un expediente gubernativo en los casos en los que sus miembros sean condenados por un "delito cometido con dolo, que lleve aparjada la privación de libertad, o cuando la condena fuera superior a un año de prisión, si hubiese sido cometido por imprudencia".

Una tercera posibilidad, según consta en la respuesta del Gobierno, es la apertura de un expediente disciplinario cuando un guardia civil sea condenado a cualquier pena leve como autor de falta penal dolosa, "siempre que afecte al servicio o al decoro de la institución".