El Grupo Socialista se había interesado por esta cuestión formulando una pregunta al Gobierno sobre las previsiones de rebajar dicho seguro.

El Ejecutivo argumenta en su contestación que, aunque existe la obligación de suscribir un seguro, "en odo caso se trata de un contrato de seguro privado", que se realiza por lo tanto "conforme a la práctica del mercado" de libre competencia.

"Puesto que no existe una obligación de otorgar cobertura por parte de las aseguradoras, no parece que pueda, en virtud del principio de libertad de mercado, incidirse por parte de la Administración en la tendencia de primas del mercado, siempre que las mismas se adecuen a lo previsto en la normativa reguladora", explica.

Asimismo, apunta que la política de pimas que aplican las entidades aseguradoras depende de la siniestralidad, el coste medio de los accidentes, e incluso la estructura de gastos y administración de la propia compañía, y "no están sujetas a autorización administrativa".