El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito que ha enviado al Congreso, donde las diputadas del PP Ana Vázquez e Isabel Borrego se interesaron sobre esta eventual asignación al líder de Junts de protección policial.

Este asunto saltó a los medios de comunicación en noviembre pasado, cuando se supo que Puigdemont, que está huido de la Justicia española y vive en Waterloo (Bélgica), pidió volver a tener protección de los Mossos d’Esquadra. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló entonces, en una entrevista en RAC1, que se estudiaría esta solicitud.

Ahora, en la respuesta enviada al Congreso y recogida por Servimedia, el Gobierno explica que “se ha solicitado informe a la Abogacía del Estado en el Ministerio del Interior sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la referida solicitud y, en su caso, cuerpo policial competente para llevarla a cabo”.

“SEGURIDAD DEL PROTEGIDO”

No obstante, desde La Moncloa apuntan que esta cuestión de la eventual escolta expresidente de la Generalitat catalana está afectada por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

Se indica que, de acuerdo con esta norma, “determinadas materias” deben ser objeto “de un acceso restringido y limitado a personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado". Esto determina "su clasificación como ‘secreto’' o ‘reservado’ en nomenclatura de la indicada ley, clasificación que compete al Consejo de Ministros”.

Este asunto también se ve afectado por el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado por acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, que otorga el carácter de "reservado" a aquella información relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las unidades.

Por tal motivo, en lo que se refiere una eventual asignación de escolta a Puigdemont, el Gobierno añade que “la difusión de la información solicitada revelaría datos sobre capacidades y dimensionamiento de las plantillas destinadas a los cometidos de protección". Esto podría poner "en riesgo la seguridad del protegido y de los propios agentes, perjudicando, con ello, los intereses de la seguridad pública".