En una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista, a la que tuvo acceso Servimedia, el Ejecutivo asegura que, tras los resultados de las autocertificaciones de las instalaciones radioeléctricas realizadas por los operadores, los datos globales suministrados por las compañías de telefonía móvil "demuestran la total adecuación de las instalaciones radioelétricas a la normativa actual".

El Gobierno basa su respuesta en tres informes científicos: el Informe Stewart, el de la Dirección General de la Salud de Francia y el elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En este sentido, destacó que existe una conclusión común entre los tres informes, que es que la exposición a campos electromagnéticos de las antenas y terminales de telefonía móvil, a niveles inferiores a los indicados por la Comisión Internacional, "no se demuetran efectos nocivos para la salud".

Además, para seguridad del usuario, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene previsto poner en funcionamiento una base de datos a disposición del público, "que dará exhaustivamente información sobre ubicación, potencia y cumplimiento de límites de emisiones y demás requisitos legales, y que incluirá a todas y cada una de las estaciones instaladas en el territorio nacional".