Lo hizo a propuesta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cuyo departamento emitió un comunicado en el que recalcó que teniendo en cuenta el “principio del interés superior del menor” se busca proporcionar a los chavales “una protección especial en tanto que los menores son sujetos de derechos reconocidos como tal por nuestro propio ordenamiento jurídico y las convenciones internacionales de derechos humanos de los que somos parte destacando, además, la especial vulnerabilidad de las personas menores no acompañadas”.

El real decreto determina una serie de garantías precisas para “asegurar unos centros residenciales garantistas” para los chavales, garantiza “una atención psicosocial adecuada” y refrenda la “necesidad de asegurar planes de transición a la vida adulta para su inserción sociolaboral y acceso a la vivienda”. Todo ello con el objetivo de “lograr la plena integración en el entorno sociocultural de estos niños, niñas y adolescentes desde el momento en que se encuentren en nuestro país”.

Juventud e Infancia explicó que los recursos orientados a Canarias están destinados a diversos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2025, precisando que “la comunidad autónoma es el organismo competente en materia de gestión de los sistemas de protección de la infancia y, por lo tanto, asume la tutela de las personas menores de edad no acompañadas”.