De los 740 millones de euros que se le asignarán cada año, 440 millones corresponderán a bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad y los 300 millones restantes se destinarán a fomentar el empleo protegido, en particular, en los centros especiales de empleo.

La Estrategia pretende mejorar la calidad del empleo de un colectivo que representa el 8,6% de la población entre 16 y 64años, y responde a una necesidad social: en una sociedad inclusiva hay que aspirar al pleno empleo de todas las personas con discapacidad que quieran trabajar.

Además, da cumplimiento a un mandato legal contenido en la ley para la mejora del crecimiento y del empleo, que establecía que el Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, debía aprobar un documento que contuviera un repertorio con iniciativas y medidas dirigidas a promover más empleos y de mejor calidad para este colectivo.

La Estrategia ha sido negociada y consensuada con los interlocutores sociales y el Cermi, y ha sido consultada con las comunidades autónomas. Hay un alto grado de coincidencia en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar en los próximos años, según informa el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El texto fija dos objetivos generales: por un lado, aumentar las tasas de actividad y de ocupación, así como la inserción laboral de las personas con discapacidad; y, por otro, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo, combatiendo activamente la discriminación.

Para ello la Estrategia tiene siete objetivos operativos, que incluyen 93 líneas de actuación.

Los objetivos son los siguientes: remover las barreras de todo tipo (socioculturales, legales y físicas, tanto arquitectónicas como de comunicación) que aún dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad; potenciar la educación y la formación de las personas con discapacidad; diseñar nuevas políticas de empleo mejor adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad; promover una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario; renovar el empleo protegido; mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad y mejorar también los sistemas de recogida, análisis y difusión de la información en materia de empleo y personas con discapacidad.

Asimismo, para desarrollar la Estrategia se tendrán en cuenta dos objetivos de naturaleza transversal: utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el empleo de las personas con discapacidad y prestar especial atención a aquellas variables (tipo y grado de discapacidad, edad, lugar de residencia, etc.) que agravan la situación de inactividad de determinadas personas con discapacidad y atender especialmente a la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad).