Este acuerdo pone fin al proceso iniciado con la firma en La Habana del convenio entre España y Cuba en noviembre de 1986, que fue seguido de otro de 1990 en que el Gobierno se comprometía a aticipar el pago de las indemnizaciones.

Culmina así un largo proceso caracterizado por la complejidad de la tramitación de los expedientes, debido, en su mayor parte, a la ausencia de justificantes acreditativos de la nacionalidad de los beneficiarios o la titularidad de los bienes, ya que, en muchos casos, la documentación fue requisada al abandonar el país.

Las cantidades correspondientes a los beneficiarios se verán minoradas en las pensiones preferentes que ya han sido satisfechas.

A la ez, se dejan en suspenso 100 millones de pesetas a reserva de lo que resulte de la resolución de los recursos ordinarios interpuestos ante el Ministerio de Economía contra las indemnizaciones fijadas en la relación definitiva de beneficiarios acordada por la Comisión Interministerial Liquidadora.