De los más de 52 millones de euros a que asciende el contrato, 23.999.900 euros se destinarán a la Dirección General de la Policía y 28.794.450 euros a la Dirección General de la Guardia Civil.

Con esta forma de contratación conjunta se abarata los costes para la Administración, dado el volumen del suministro y el amplio período de duración del contrato; se optimiza los tiempos de entrega y los procedimientos de distribución; y se evita que tengan que destinarse efectivos policiales a tareas de seguridad, señaló el Gobierno.

Estas ventajas se producen porque no es necesario que se dedique tiempo y recursos a labores de intendencia, en este caso de uniformidad, pues entre otras medidas se prevé la posibilidad de conexiones informáticas con los adjudicatarios para lograr un suministro más ágil y personalizado.

Al ser un contrato adjudicado por procedimiento abierto podrá optar al concurso del mismo todo empresario interesado, siendo la adjudicación a aquella proposición más ventajosa con arreglo a los criterios establecidos en el pliego correspondiente que dicta el Ministerio del Interior.