Esta es una de las medidas incluidas en esta normativa por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a iniciativa del ministro, Pablo Bustinduy, que inciden “directamente” en las áreas que dirige y con la que ha puesto en marcha lo que ha denominado como ‘Red de protección social’ para las personas afectadas por la DANA, según avanzó su departamento en un comunicado emitido al término de la rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció nuevas ayudas para los damnificados.

Entre estas medidas destaca esa partida de 50 millones de euros que van a transferirse a los ayuntamientos afectados por la DANA para “reforzar” sus servicios sociales. El objetivo, tal y como manifestó Bustinduy, es que los servicios sociales dispongan de los recursos necesarios para atender todas las situaciones de pobreza sobrevenida que, según lamentó, ha generado esta catástrofe y que se van a traducir también en situaciones de “privación material y riesgo severos de exclusión social para miles de personas”.

Junto a ello, el ministro de Derechos Sociales ha incorporado en este Real Decreto Ley una concesión directa de cinco millones de euros a la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades en toda España, como Cruz Roja, Cáritas, Cermi o la Plataforma del Voluntariado, muchas de ellas con implementación en la Comunidad Valenciana.

A este respecto, Bustinduy señaló que todas ellas, así como las entidades locales, están siendo un “actor fundamental” en la emergencia para que la ayuda llegue “a todos los rincones”, por su capacidad de “activar y organizar” a la sociedad y por su “flexibilidad para asegurar la ayuda”.

TRABAJO SOCIAL

En el Real Decreto Ley se ha contemplado, además, una concesión directa de 700.000 euros al Consejo General de Trabajo Social para el despliegue del Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales en los municipios afectados, donde profesionales de este grupo, especializados en atender a personas víctimas de catástrofes, ya llevan varios días trabajando, “yendo puerta por puerta en las zonas más necesitadas”, según la cartera de Bustinduy, que afirmó que los poderes públicos caminan “siempre de la mano de la sociedad civil organizada”.

En materia de Consumo, el ministro ha introducido un artículo que prohíbe a los servicios funerarios ofrecer precios superiores a los vigentes o los anunciados con anterioridad al 28 de octubre de este año.

De esta manera, según arguyó Bustinduy, se garantiza que toda persona que lo necesite pueda acceder a los servicios de velatorio y ceremonias fúnebres “en condiciones de equidad” y se continúa “protegiendo” los derechos que tienen todas las personas afectadas en el ámbito del consumo.

“Una tragedia de estas características no puede ser un contexto que dé lugar al beneficio económico de ningún operador”, advirtió.

PROTECTORAS DE ANIMALES

En el área de los Derechos Sociales, este Real Decreto Ley recoge también subvenciones directas de emergencia a protectoras de animales, es decir, a aquellas entidades dedicadas a la custodia y cuidado de animales de compañía extraviados y/o abandonados.

“Es la primera vez en la historia que se aprueban ayudas de este tipo, cuentan con una dotación de 390.000 euros y tienen como objetivo reconstruir las infraestructuras de este tipo que han resultado dañadas en la DANA y que son clave para la atención a animales de compañía y para enfrentar el peligro de salud pública que se ha generado en las zonas afectadas, donde se ha multiplicado el número de animales que hay en la vía pública sin ningún control sanitario en un contexto de riesgo epidemiológico infeccioso”, sentenció el gabinete de Pablo Bustinduy.

Por otro lado, Derechos Sociales ha introducido en este Real Decreto Ley la flexibilización del plazo para tramitar subvenciones a proyectos de entidades del Tercer Sector que se hayan visto afectados, tanto en su ejecución como en su justificación, bien porque sus instalaciones hayan sufrido daños, porque haya afectado a sus trabajadores, porque sus plantillas están mermadas o porque han relegado esos proyectos para colaborar con las tareas de emergencia.