El acuerdo será financiado con cargo al presupuesto de la Dirección General de la Vivienda y Arquitectura en cuatro anulidades (1991-1994), y será movilizado a través de acuerdos con las comunidades autónomas.

El documento será formalizado en Cataluña, comunidad con mayores problemas de "aluminosis" y a la que se asignará como máximo el 60 por ciento de los recursos totales.

El Ministerio de Obras Públicas, en los casos de viviendas de promoción oficial, financiará hasta el 30 por ciento del presupuesto de las obras de reparación, siempre que la comunidad autónoma financie, como mínimo, un porcentaj equivalente.

La aportación mínima de los propietarios será determinada por las comunidades, con un mínimo del 15 por ciento del presupuesto, en función del nivel de renta que posean.

En las viviendas de promoción privada, la ayuda económica del ministerio será del 20 por ciento y la aportación mínima del propietario no podrá nunca ser inferior al 25 por ciento.

Las comunidades autónomas se comprometerán a regular y gestionar las ayudas y a efectuar las necesarias inspecciones y controles sore el adecuado mantenimiento de las viviendas.

Una comisión de seguimiento por cada uno de los convenios firmados, integrada por representantes de las administraciones central y autonómica, vigilará la correcta aplicación de las ayudas.

"ALUMINOSIS"

La "aluminosis" es una patología de la construcción que aparece, bajo determinadas condiciones de humedad y temperatura, en las viviendas en cuya estructura se utilizó cemento aluminoso.

Según el Gobierno, este tipo de cemento fue empleado en Epaña y en el resto de los países occidentales en el periodo 1950-1970, etapa de intenso crecimiento de los núcleos urbanos.

Aunque su utilización fue prohibida en nuestro país en 1980, la cifra de viviendas que incluyen materiales aluminosos en sus cimientos alcanza las 300.000, de las que sólo el 7 por ciento pueden requerir obras de reparación o de remodelación.